El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública presentó el informe anual 2023 sobre el estado de la implementación de la Educación Pública en el país, destacando los avances de la política pública y la necesidad de seguir trabajando en áreas clave para garantizar una educación pública de calidad y equitativa en todo el país.

En el informe, el Consejo enfatizó que detener la implementación de los SLEP o retornar a la administración municipal no es una solución viable a los desafíos que enfrentan los Servicios Locales e instó a mantener la continuidad de la reforma educativa como una política de Estado, argumentando que el traspaso del servicio educativo es fundamental para abordar el déficit financiero y de gestión municipal de la educación.

En relación con el proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.040 para el fortalecimiento del proceso de instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el Consejo destacó la importancia de que la discusión legislativa se lleve a cabo con una visión de largo plazo y como una política de Estado.

En una declaración conjunta, incluida en el informe, los consejeros reafirman su compromiso «con la consecución de esta reforma, e invitamos al Ministerio de Educación, al Congreso y a la opinión pública a una discusión fructífera que permita mejorar significativamente la experiencia educativa y la calidad de los aprendizajes en la educación pública».

Respecto al informe, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que «como Ministerio de Educación valoramos el Informe 2023 del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que en lo medular refuerza la necesidad de continuar con el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. Como ha indicado el propio Consejo, este sistema es una política de Estado, y debe entenderse como tal por todos los actores, es responsabilidad de todas y todos que la instalación del sistema avance correctamente”.

Y agregó “las sugerencias del informe son coincidentes con el sentido de las medidas administrativas y legales que hemos adoptado, y confirma que el proyecto de ley presentado en marzo va en la dirección correcta. Reforzar el acompañamiento en el proceso de traspaso, establecer un Fondo de Infraestructura, fortalecer la coordinación a nivel nacional y desde luego a nivel descentralizado, son aspectos que ciertamente contribuirán a agilizar aquellas dimensiones sobre las que el mismo Consejo ha reparado en informes anteriores y que hoy comienzan a abordarse sustantivamente».

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, sostuvo que “creemos que el Consejo es una instancia que robustece, enriquece y profundiza el trabajo de fortalecimiento de la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública. Este es un sistema que tiene desafíos, es la reforma más importante del sistema educativo desde los últimos 40 años y, en ese sentido, es muy importante contar con un Consejo que pueda monitorear el proceso y entregar recomendaciones para su fortalecimiento”.

“Tenemos la convicción de que las recomendaciones trabajadas aportan al debate del proceso legislativo que se proyecta para este año en la tramitación del proyecto de ley”, añadió la autoridad.

Recomendaciones del Consejo

El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública emitió un conjunto de recomendaciones en diferentes áreas para enfrentar los desafíos que se presentan en el funcionamiento del sistema educativo en Chile.

En el ámbito de Diseño de Política y Gestión de Recursos Financieros, se propone una reforma integral en la normativa asociada a la gestión presupuestaria de la educación pública, con el objetivo de garantizar una disponibilidad más ágil de recursos para los establecimientos. Esto incluye acciones para simplificar los procesos presupuestarios, revisar la legislación vigente para asegurar financiamiento oportuno, resolver problemas de gestión de licencias y mejorar la coordinación entre organismos. Además, se plantea la creación de oficinas locales en áreas remotas y una mayor fiscalización a los municipios, con medidas como la obligatoriedad de convenios de transición y sanciones por irregularidades, todo con el fin de promover una colaboración efectiva en el sistema educativo.

En lo referido a la Gestión de Personas, se recomienda evaluar el organigrama de los SLEP considerando el personal requerido para cada rol y su financiamiento asociado. Por su parte, las recomendaciones en Convivencia Escolar proponen proyectar la incorporación de más personal especializado en los SLEP para cubrir apoyos necesarios en esta materia.

En Participación y Vinculación, se propone una campaña informativa masiva que responda a las necesidades y preocupaciones de diversas audiencias, destacando la Nueva Educación Pública y contextualizando los cambios en marcha.

Las propuestas en Gestión Pedagógica sugieren promover el fortalecimiento del desarrollo profesional de docentes, directivos y apoderados mediante la vinculación con planes locales y programas de formación. Además, proponen la creación de comunidades de aprendizaje profesional y redes para facilitar el intercambio de experiencias y la consolidación de un relato común.

Respecto a la Gestión de Infraestructura, Equipamiento y Recursos Educativos, el Consejo enfatizó en la necesidad de garantizar que los establecimientos educativos cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura antes de concretar su traspaso, estableciendo exigencias para los municipios y brindando apoyo a los sostenedores municipales a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación para desarrollar carteras de proyectos de infraestructura.

Asimismo, el informe propone realizar modificaciones en la gestión financiera para permitir una administración más eficiente de la infraestructura y la implementación de un Plan de Mejoramiento de Infraestructura que pueda concretarse en el largo plazo en el Sistema de Educación Pública.

El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública tiene por objeto asesorar al Presidente de la República sobre los avances y desafíos que conlleva el proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública. Está integrado por seis profesionales de reconocida experiencia en las áreas de políticas públicas, educación y administración municipal o del Estado: Aldo Cassinelli, María Teresa Flórez, Omar Jara, Gonzalo Muñoz, Fernando Peña y Daniel Rodríguez.